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El llamado proyecto de "Ley de Mano de Obra Legal" (HR2885) del republicano Lamar Smith, que obligaría al uso del sistema electrónico e-Verify para todos los empleadores en el país, será debatido este jueves 15 de septiembre en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Smith, un republicano de Texas, ha pedido al Presidente Barack Obama que incluya el requisito de que todos los empleadores utilicen el sistema e-Verify del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para comprobar la elegibilidad de las nuevas contrataciones, como parte de su plan de creación de empleos.

En el fuego de las críticas a dicho proyecto legislativo, este día se sumaron expertos del Centro Americano por el Progreso, quienes aseguraron en teleconferencia de prensa que la pieza legislativa impactaría de forma negativa los empleos en las industrias de servicios, jardinería y la agricultura, entre otras, además de un costo de implementación calculado en 17,000 millones de dólares por los siguientes 10 años.

"Esos 17,000 millones representarían pérdidas de ingresos del gobierno federal por concepto de impuestos" dijo Tyler Moran, directora de políticas del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC). "Al final, serían los mismos contribuyentes quienes deban pagar por la aplicación del e-Verify".

Según Daniel Griswold, director del Centro de Estudios de Política Comercial del Instituto Cato (Center for Trade Policy Studies at the Cato Institute), los pequeños negocios del país sufrirían un golpe de 2,600 millones de dólares en la hipotética aplicación de la medida, y estimó que al menos 770,000 trabajadores perderían sus empleos debido a errores del e-Verify.

Una de esas personas que ya perdió su empleo fue la ciudadana estadounidense Jessica St. Pierre, quien nació y creció en Florida. Ella ha testificado ante el Subcomité de Políticas de Control de Inmigración sobre su caso.

St. Pierre narró ayer -vía telefónica- que después de haber sido rechazada por el sistema e-Verify en su trabajo. Pasó cuatro meses tratando de corregir el error cometido por su empleador, una importante empresa de telecomunicaciones, y el e-Verify.

"Erróneamente fui identificada como una persona que no tenía autorización [legal] para trabajar", dijo St. Pierre. "Fui despedida y pasé varios meses sin empleo".

La odisea de la mujer continuó al contactar a la oficina local de la Administración del Seguro Social (SSA), donde se cotejó su información estaba correcta.

?La respuesta de su empleador? "Bueno, eso no es lo que dice nuestro sistema".

Tras denunciar posteriormente su caso ante la Comisión de Igualdad de Oportunidad en el Empleo (EEOC), se le informó que su caso no procedía legalmente. Se le instó a llamar a la línea de atención al público de e-Verify.

Aparentemente todo estaba en orden, incluyendo su nombre y fecha de nacimiento, pero no le dieron solución. Fue informada que arreglarían el asunto directamente con su ex empleador.
A pesar de la llamada de personal de e-Verify a su ex empleador, a Jessica se le notificó que ya no podía hacer nada para que le devolvieran su empleo.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el error fue cometido cuando su compañía agregó dos espacios después de los números de su Seguro Social.

La pieza legislativa introducida en junio pasado por el congresista Smith y co-patrocinada por su homólogo republicano, Peter King (R-Nueva York) haría necesario que todas las empresas estadounidenses utilicen el sistema de verificación de datos individuales e-Verify, respecto de la elegibilidad para ser empleados.

La identificación biométrica de todos los de los trabajadores en el país sería enviada a una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Con el desempleo al 9%, los trabajos escasean", afirmó Smith durante la introducción del proyecto de ley. "A pesar del record de desempleo, siete millones de personas trabajan ilegalmente en Estados Unidos. Estos trabajos deberían ser para los trabajadores legales".

Smith afirma que en la actualidad, más de 250,000 empleadores usan e-Verify y que un promedio de 1,300 nuevos negocios firman el acuerdo cada semana para implementarlo.
La palabra "empleos" está de moda en el panorama político de Washington. Sin embargo, la "Ley de Mano de Obra Legal" no se refiere a la creación de empleos, sino a la aplicación de leyes de inmigración, dijeron sus críticos.

El proyecto HR2885 "ofrece una imagen falsa de que creará trabajos", aseveró Daniel Griswold. La verdad es que "los indocumentados no compiten con la mayoría de trabajadores estadounidenses, porque simplemente los empleos no coinciden con sus habilidades; ya tenemos la experiencia de Georgia y Arizona, donde se promulgaron leyes contra los indocumentados, y como consecuencia el sector agrícola no encuentra quienes puedan hacer el trabajo que necesita".

Los críticos de Smith, además, consideran que el e-Verify es una herramienta de control de inmigración inadecuada y que nada tiene que ver el anuncio de Smith de que "podría abrir millones de trabajos para estadounidenses desempleados y trabajadores legales".

"Se trata de espantar no a los inmigrantes indocumentados, sino al público estadounidense en general", dijo. "Los inmigrantes no se irán del país, sino que, como sucedió en Arizona, a otros estados; por eso es necesaria una reforma migratoria integral".

Otros grupos como la ACLU se oponen al sistema e-Verify, porque "crea una lista negra de facto para trabajadores cuyos nombres están incluidos erróneamente en la base de datos", aun cuando el DHS ha trabajado para reducir el nivel de errores en los últimos años.

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