Updated

El presidente Barack Obama, de cara a nuevos enfrentamientos de poder entre la Casa Blanca y un Congreso de mayoría republicana, firmó una ley de reorganización del sistema de seguridad alimentaria por un valor de 1.400 millones de dólares.

Sin embargo, algunos legisladores consideraron que esta iniciativa es demasiado cara y amenazaron con socavar su financiación.

La ley, que busca disipar los temores del público sobre la seguridad de sus alimentos, se convierte en la primera reforma a gran escala sobre la seguridad de la comida y se enfoca en la prevención para frenar epidemias mortales originadas en los alimentos en vez de esperar a que los consumidores se enfermen.

La ley le dará al gobierno un nuevo poder para intensificar las inspecciones a las instalaciones de procesamiento de alimentos y le dará a la Dirección de Alimentos y Medicamentos el poder para obligar a las empresas a que retiren sus productos defectuosos.

Obama hizo del fortalecimiento de las medidas de seguridad en los alimentos una de sus prioridades poco después de asumir el cargo en el 2009. Han ocurrido algunas epidemias mortales por contaminación de bacterias de E.coli y por salmonela en maní, huevos y vegetales en los últimos años.

Cuando algunos productos de mantequilla de maní infectados con salmonela enfermaron a centenares de personas recientemente, Obama dijo que los consumidores deberían tener confianza en que su gobierno dará protección para que los niños, incluida su propia hija Sasha, puedan comer con la seguridad de que los alimentos son saludables.

"Eso es lo que Sasha come en el almuerzo probablemente tres veces por semana", comentó Obama. "Y deseo no tener que preocuparme de si se va a enfermar como consecuencia de lo que come en el almuerzo", agregó.

Sin embargo, algunos legisladores republicanos, preocupados por los altos niveles de gasto y de endeudamiento gubernamental, afirmaron que el precio del programa, de 1.400 millones de dólares a cinco años, es demasiado alto y debe ser revisado más profundamente.

"Creo que observaremos muy cuidadosamente la financiación antes de respaldar el gasto de 1.400 millones de dólares", dijo el representante republicano Jack Kingston de Georgia a The Associated Press durante una entrevista. Kingston tiene la esperanza de convertirse en el presidente de la subcomisión de agricultura de la Cámara de Representantes, que ayuda al gobierno a programar el gasto.

Sin embargo, los republicanos que esperan frenar la financiación parecen tener pocas posibilidades de tener éxito.

El Congreso aprobó el proyecto de ley el año pasado con un amplio apoyo bipartidista por 73 votos en favor y 25 en contra en el Senado y por 215 a favor y 144 en contra en la Cámara de Representantes.