Participants in a protest against Alabama's new law against illegal immigration march through Linn Park, Saturday, June 25, 2011, in Birmingham, Ala. The new law takes effect Sept. 1, 2011, and makes it a crime to knowingly hire illegal immigrants, rent them places to live or give them rides. It also requires schools to determine the immigration status of their students and report it to the state, although children in the country illegally would not be refused enrollment. MAGS OUT (AP Photo/ The Birmingham News, Mark Almond) (AP)
La decisión de la jueza Sharon Lovelace Blackburn de denegar el bloqueo temporal de la ley HB56 de Alabama mientras se dilucidan las apelaciones del Departamento de Justicia y de grupos de derechos civiles es para las familias inmigrantes de este estado como llover sobre mojado.
Padres indocumentados con sus niños a cuestas abarrotaron anoche un salón de la Escuela Primaria Tarrant para orientarse sobre sus derechos y qué hacer en caso de ser detenidos por las autoridades. "¿Me sirve de algo traer mi pasaporte?", preguntó un padre de familia. "¿Debo tener la carta de poder notarial conmigo si me detienen?", preguntó otra señora a la encargada de ofrecer el taller de orientación, el primero que condujeron en esta escuela. "¿Qué pasará con mis hijos si me detienen?", preguntó otra madre.
La angustia era evidente entre padres y maestros, estos últimos indignados de "que se persigan seres humanos que sólo están buscando una vida mejor para sus hijos".
Un joven matrimonio de Ensenada, Baja California, escuchó atento la orientación. Llevan siete años en Alabama. Tienen tres hijos, pero sólo el menor es ciudadano estadounidense. El mayor, de 12 años, siempre ha estado en el cuadro de honor de la escuela, pero ahora los sueños de que sus hijos puedan educarse y convertirse en profesionales están en la cuerda floja. Los padres ni siquiera permitieron que su hijo mayor fuera a una gira al museo del Espacio en Huntsville que se ganó por sus buenas calificaciones por miedo a que fuera detenido.
"Teníamos fe en alguna reacción menos severa de la jueza que parara temporalmente la ley mientras se arregla la apelación, pero nos dieron la noticia de que no", indicó el joven padre con lágrimas en los ojos. "No hay que pensar mucho...Tal vez solucionar lo que tenemos aquí en dos o tres semanas y ver qué posibilidades tenemos de tal vez (mudarnos) a otro estado o directamente a México", agregó.
Está tomando algunas medidas precautorias: "Sólo yo estoy yendo a trabajar y mi esposa se queda en casa por cualquier problema que haya", dice refiriéndose a la posibilidad de ser detenido y deportado.
Otra joven madre de Michoacán tiene una niña nacida aquí que ingresaría a la escuela el año entrante y teme que al matricularla suponga que la identifiquen a ella y a su esposo como indocumentados.
"Estoy asustada. Si me detuvieran, no sé cuánto tiempo me pueden tener aquí detenida, no sé si me pueden quitar a mis hijos....No todos somos malos, no todos somos criminales", indicó.
Su comadre, también de Michoacán, tiene cuatro años viviendo en Alabama. Tiene dos niñas nacidas aquí.
"Nos ha pasado por la mente cambiarnos de estado, pero va a ser lo mismo que aquí porque si aquí lo permitieron, en otros estados lo van a permitir", indicó.
Pero volver a México, dijo, no es alternativa "porque la delincuencia nos da mucho miedo".
Seguirán, por el momento en Alabama. "Con miedo salimos de la casa, nos persignamos y a ver si regresamos juntos otra vez", señaló.
"Es muy difícil. Queríamos hacer otra vida pero no nos dejan. Si no se puede parar (la ley) tendremos que irnos, pero qué feo porque por los latinos, por los hispanos, Estados Unidos también es algo. Esperemos que se toquen el corazón y nos dejen estar aquí más que nada por nuestros hijos, que son de aquí. Queremos otro futuro para nuestros hijos y no la delincuencia de México", concluyó.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva y analista de America's Voice
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