(AP)
El lunes 29 de agosto el Comité de Reglamentos de la Asamblea estatal de California rechazó debatir la propuesta de ley llamada "HR 20", presentada por el asambleista Anthony Portantino (demócrata, La Cañada).
Si se hubiera convertido en ley, esta moción hubiera logrado lo que se supone que todos los congresistas del país deben hacer: dar a conocer sus presupuestos, incluyendo salarios y gastos individuales.
La propuesta de Portantino también hubiera exigido que se hiciese público el presupuesto de cada comité y hubiera hecho más equitativo el reparto de dinero a cada representante.
Pocos saben que esto se maneja a puertas cerradas en el Capitolio californiano. Y que, se deduce, el reparto de fondos está relacionado al peso político de cada legislador.
El comité votó 6-5 contra la propuesta. El voto, una vez más, se dividió por partidos. Los republicanos -minoría en la Asamblea Estatal- apoyaron la iniciativa, respaldados por un solo Demócrata.
Esta votación podría haber pasado inadvertida para la prensa y algunas organizaciones de no ser porque detrás había algo más.
La maniobra reflejó un enfrentamiento entre el Presidente de la Asamblea, John Pérez (demócrata de Los Angeles) y el propio Portantino. Este último había anteriormente denunciado las maniobras de su propio partido de "castigarlo" por haber violado la disciplina partidaria y votar en contra del presupuesto estatal impulsado por el partido Demócrata.
El castigo consistió en limitarle fondos, lo que podría afectar los salarios del personal que trabaja en la oficina del asambleista. Voceros demócratas argumentan que Portantino es un "gran despilfarrador". Y para demostrarlo, dieron a conocer números que colocan al asambleista en la cima de los salarios -con ingresos superiores incluso al del propio Presidente de la Asamblea.
Portantino no se quedó de brazos cruzados y pidió primero al Comité de Reglamentos que publique los ingresos de los asambleistas para que el público los conozca, pero su pedido fue rechazado.
Entonces recurrió a California Common Sense (CCS), una organización no lucrativa integrada por estudiantes de la Universidad de Stanford, para que analizaran los números dados a conocer por la Asamblea y los cotejaran con datos de otras fuentes.
Y cuando llegaron los datos de CCS, eran diferentes a los que había publicado los dirigentes demócratas. Según CCS, Portantino figura en el puesto 37, no en el primero, de "gastadores" del gobierno californiano.
"Los estudiantes de Stanford saben más de números que los miembros del Comité de Reglamentos", dijo irónicamente Portantino en una declaración escrita. El grupo universitario utilizó datos de la nómina de los políticos para establecer el verdadero nivel de ingresos y gastos de los legisladores.
Lo preocupante de esta situación es que revelaría una posible actitud de manipulación de los números por parte del Comité de Reglamentos con el objetivo de desprestigiar a un diputado estatal.
Pero esta telenovela no parece que se terminará pronto. Y las discusiones podrían llegar mucho más lejos.
Portantino posteriormente presentó la propuesta de ley llamada "AB 1129", por medio de la cual pidió "una auditoría total de los gastos y presupuestos de la Legislatura", como lo explicó en un comunicado distribuido a la prensa.
Y va por más: "la propuesta hará que la Legislatura cumpla con los reglamentos referentes a la publicación de documentos públicos, como lo está obligado a hacer cualquier otra agencia del gobierno. Este juego debe terminarse y el público debe tener acceso a información correcta y precisa".
?Cuándo se terminará el juego o, al menos, el enfrentamiento entre Pérez y Portantino? "El diputado exige que se aclaren los números donde él presuntamente aparece al tope de la lista de los despilfarradores", comentó por teléfono Wendy Gordon, vocera del asambleista Portantino.
Este enfrentamiento pudiera tener un efecto muy importante si la discusión se generaliza sobre el tema del secreto practicado por la Asamblea estatal.
Es que según la ley de Documentos Públicos de California (CPRA, por sus siglas en inglés), toda agencia oficial debe operar de manera transparente, incluyendo la publicación de sus números -presupuestos, salarios, gastos, etc. Los asambleistas deciden sus ingresos y gastos con fondos de los ciudadanos, por lo que se supone deberían ofrecer un ejemplo de liderazgo, transparencia y democracia.
Sin embargo, para eliminar el ojo crítico de la ciudadanía, los políticos se protejen amparándose en su propia ley, llamada Ley de Datos Legislativos Abiertos (LORA, por sus iniciales en inglés), que les permite decidir tras puertas cerradas y en secreto el uso de fondos públicos.
Precisamente: Portantino pide la eliminación de LORA en su propuesta AB 1129.
"La legislatura es hipócrita al decir que apoya un gobierno abierto cuando al mismo tiempo lucha duramente por mantener al público en la oscuridad sobre su actuación", declara Portantino en una declaración escrita.
El tono y el tema del enfrentamiento presagian una batalla prolongada en Sacramento.
Eduardo Stanley. Nació en Rosario, Argentina. Después de graduar de la Escuela de Bellas Artes (área de cinematografía), de la Universidad Nacional de La Plata, realizó un curso de postgrado en la Universidad de Bucarest, Rumania, sobre teoría de la comunicación.
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