LOS ANGELES – En la madrugada de este 19 de julio, unos 40 agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas irrumpieron en la casa de Carmen Bonilla, de 44 años de edad. Los agentes buscaban a un tal "Robert", un supuesto traficante de drogas, pero terminaron aterrorizando a Bonilla y a su hijo Michael, de 16 años, su hija Josefina de 23, su nuera Leticia de 28 y dos de sus nietas.
Según Jessica Domínguez, abogada de la familia, y Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Angeles (CHIRLA), la familia fue el blanco de "diferentes niveles de abuso verbal y físico", incluyendo gritos, "patadas, golpes y agresión". El trato al que fueron sometidos fue documentado la semana pasada por Jorge Luis Macías en AOL Latino.
Lo que les sucedió a los Bonilla pasó a decenas de miles de inmigrantes. Las autoridades – tanto policía local como agentes federales – se han abocado a un programa en búsqueda de "criminales ilegales"; entran a casas y encuentren o no a éstos, se llevan a la gente, muchas veces familias enteras, para su deportación, cuando hallan que se encuentran aquí ilegalmente.
A pesar de que los Bonilla no tienen expedientes criminales, confrontan un procedimiento de deportación ante un juez de inmigración. Gracias a que la familia logró representación legal y apoyo público, fueron puestos en libertad hasta el fin del proceso legal. Pero inmigrantes indocumentados con menos suerte son enviados a prisiones y centros de detención en donde el gobierno procesará sus documentos para luego decidir su destino.
Si tienen un prontuario criminal, especialmente relacionado con las drogas o la seguridad, o un crimen grave o violento, o de alcances morales, seguramente quedarán en prisión hasta que se les celebre audiencia con un juez de inmigración", explicó Aggie R. Hoffman, abogada de inmigración.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) paga entre 50 y 200 dólares por día por persona a prisiones locales, condales y estatales para que mantengan a estos inmigrantes capturados. Hace unos años, escribí una serie para La Opinión mostrando cómo las prisiones en general y las de California en particular, se benefician del dinero federal y luchan por una porción de este negocio. En esos días visité un centro de detención en Lancaster administrado por el sheriff del condado de Los Angeles, en donde inmigrantes aprehendidos en redadas eran mantenidos hasta su deportación o el fin de su proceso legal. Todo el trámite debía llevar unos pocos días, pero varios de los detenidos corrieron hacia mí – violentando una indicación que se les había dado anteriormente de no acercarse al reportero – para quejarse de que estaban allí más de dos años.
Esto sucede con frecuencia porque los tribunales [migratorios] están tan sobresaturados; no hay suficientes jueces para tratar los casos de todos los que están allí", explicó Hoffman.
Pero el crecimiento de los encarcelamientos no se limitan a las prisiones públicas. Gracias a un empuje coordinado de cabildeo por parte de la industria de las prisiones más y más inmigrantes indocumentados terminan en instalaciones de detención privadas.
En los últimos tres años, la política migratoria ha pasado por olas de legislación restrictiva en el nivel estatal y el cumplimiento severo y sin precedentes de las leyes ya existentes por parte de la administración Obama. Conjuntamente, ello tiene el potencial para empujar a decenas de miles a las prisiones privadas.
El reciente video animado 'Inmigrantes a la venta' producido por el grupo de activismo Cuéntame ilustra algunos de los hechos detrás de la conexión entre los actuales operativos contra la inmigración ilegal y la industria carcelaria con fines de lucro.
El video sigue la senda del dinero y del poder político detrás de esta parte del debate nacional sobre la inmigración. Sus creadores dicen que se trata de un intento de cubrir las mentiras que esconden las posiciones e ideologías, en una discusión en la que acusaciones hechas a los gritos ya hace tiempo reemplazaron el intercambio abierto de ideas y opiniones.
Elegimos el nombre 'Cuéntame' por sus varios significados, explica el fundador del grupo, el productor y directdor Axel Woolfolk Caballero. La organización, dice, obra para crear una concientización mediante videos breves, series documentales, campañas mediáticas y "entrevistas hechas desde el lugar de los hechos, o en nuestros estudios, o enviadas por otros". Cuéntame es parte de Brave New Foundation, que se concentra en creación de contenido en aras de la justicia social.
El video afirma que detrás de las palabras y las leyes existe una alianza de empresas y políticos llamada American Legislative Exchange Council, o ALEC. Algunos de los miembros de ALEC están entre los más ardientes proponentes de las leyes antiinmigratorias y representantes de industrias que se beneficiarán si hay más personas detrás de las rejas. Al menos 12 compañías relacionadas con la industria carcelaria son miembros de la asociación.
ALEC fue creada en 1978 y su sede se encuentra en la capital Washington, D.C. Según su declaración de principios, se trata de una "organización privada sin fines de lucro dedicada a los principios del libre mercado, gobierno limitado, federalismo (el equilibrio correcto entre gobierno federal y estatal) y las libertades individuales". ALEC consigue estas metas mediante un intercambio de ideas entre políticos estatales y y empresarios, facilitando el proceso de legislación en torno a ciertas causas que son importantes para estos últimos. Pasando por alguno de los ocho comités de ALEC, los abogados y expertos de negocios de hecho escriben leyes que son finalmente puestas en práctica casi palabra por palabra.
Cada año ALEC produce aproximadamente 800 propuestas legislativas, de las cuales un 20% se convierten en leyes, según el grupo. El Center for Media and Democracy's PR Watch el 98% del financiamiento de ALEC proviene de corporaciones como Exxon Mobil, fundaciones corporativas como la Charles G. Koch Charitable Foundation, o asociaciones como la industria farmacéutica PhRMA."
Cuéntame se enfoca en el uso que hacen los miembros de ALEC de la presión política para lograr leyes migratorias más restringidas, que requieren prolongadas detenciones y un alto número de presos.
Algunos de los modelos de leyes impulsados por ALEC son las leyes de 'tres golpes y afuera', los cambios en las sentencias mínimas obligatorias y el principio de "sentencias verdaderas," que reducen aún más la posibilidad de libertad condicional para muchos presos.
En octubre pasado, el grupo dijo que "la posición de ALEC sobre la sobrepoblación carcelaria en el país es... que hay que reducir la población carcelaria no violenta para ahorrar gastos a los contribuyentes".
Uno de los más conocidos miembros legislativos de ALEC es el senador estatal Russell Pearce, el proponente de la muy restrictiva ley migratoria de Arizona conocida como la SB1070. Según una investigación de NPR, Pearce fue con su versión de la ley a una reunión de ALEC, en donde ésta fue revisada, analizada y aprobada por miembros de la industria carcelaria, obteniendo así su total apoyo.
La SB1070 ha sido imitada por leyes similares, algunas de ellas más estrictas y generalizadoras, en al menos cinco estados. Son la HB 56 de Alabama. La HB 497 en Utah, en Indiana la SB 590, en Georgia la HB 87 y en South Carolina's la ley S 20.
Ahora, ALEC debate una nueva serie de leyes a las prisiones, entre ellas la "Ley de albergue fuera del estado para prisioneros estatales en una cárcel privada"; la "Ley de industrias carcelarias"; la "Ley de información laboral sobre presos; una "Resolución sobre gastos carcelarios"; una "Ley modelo para la prohibición de auriculares inalámbricos en prisiones"; la "Ley de contratación dirigida para ciertas instalaciones carcelarias y de servicios"; y la "Ley para la prevención de pagos ilegales como incentivos a prisioneros". Información sobre los detalles exactos de estas leyes está restringida a miembros de ALEC.
Uno de los miembros de ALEC es Corrections Corporation of America o CCA, la empresa de prisiones privadas con fines de lucro más grande del país. Fundada en 1983, CCA diseña, construye, dirige y opera instalaciones carcelarias y centros de detención en contrato con la Oficina Federal de Prisiones, el Servicio de Inmigración y Aduanas y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en casi la mitad de los estados, según su sitio de internet.
De acuerdo con Cuéntame, CCA tiene encerrados a alrededor del 60% de los casi 100.000 – eran 14.000 en 2006 – inmigrantes detenidos en cualquier momento.
En 2008, la revista The New Yorker publicó una investigación que llamó la atención pública acerca de los negocios privados implicados en el negocio de encerrar a familias con hijos en el centro de detención T. Don Hutto en Texas, perteneciente a CCA.
CCA, conjuntamente con otras empresas como GEO Group, son dueños de más de 200 cárceles con 150.000 camas y tiene una ganancia annual de 5.000 millones de dólares, dijo Cuéntame.
Prisiones privadas funcionan como un hotel" dice el video. "Cuanto más ocupantes entren, mas dinero sale".
Síguenos en twitter.com/foxnewslatino
Agréganos en facebook.com/foxnewslatino
Fox News' "Antisemitism Exposed" newsletter brings you stories on the rising anti-Jewish prejudice across the U.S. and the world.