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La firma de la Ley AB131 o Dream Act de California ha desatado el divisionismo entre quienes defienden los derechos de los inmigrantes, y quienes se oponen férreamente a cualquier beneficio –por mínimo que sea- para los indocumentados.

La AB131 es la segunda pieza de la legislación en el Dream Act de California y permite a los estudiantes inmigrantes indocumentados solicitar becas financiadas con fondos privados para asistir a los colegios comunitarios y universidades públicas. Los estudiantes inmigrantes e indocumentados con alto rendimiento tiene a su vez la oportunidad de solicitar becas CalGrants, para dar continuidad a su educación superior.

sin embargo, a raíz de la firma de la ley, el pasado 9 de octubre por parte del gobernador Jerry Brown, el "Estado Dorado" experimenta la discordia entre quienes aplauden la medida y quienes la censuran.

"No tiene valor prevenir que algunos de los estudiantes más brillantes asistan a la universidad", dijo Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR). "Las mentes de los jóvenes son los mayores recursos de este país, y California ha escogido el camino correcto al decidir invertir en ellos".

En los mismos términos se expresó el gobernador durante la ceremonia de firma del al destacar que "si vamos a continuar como una sociedad poderosa, con igualdad de oportunidades, tenemos que invertir en nuestra gente".

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A partir de julio de 2013, la llamada "Ley de los Sueños" de California auxiliará a estudiantes indocumentados para solicitar becas financiadas con fondos privados para asistir a los colegios y universidades públicas sin otorgarles beneficios migratorios.

"Todos somos ganadores con la AB131", consideró Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición Pro Derechos de los Inmigrantes en Los Angeles (CHIRLA). "Agradecemos al gobernador Brown por su firma y le instamos a que continúe ejerciendo el liderazgo, valentía y sabiduría en favor de los inmigrantes en todo el país. California puede ser el faro de esperanza en la Costa Oeste frente a tanta legislación antiinmigrante [en el país]".

INTENTO REPUBLICANO POR REPELER LA LEY

En tanto, los opositores, liderados por el asambleísta republicano Tim Donelly (R-Twin Peaks) han comenzado a organizar la recolección de firmas de votantes para repeler la ley, la cual catalogó como "una pesadilla económica".

"Esta no es una inversión; los estudiantes ilegales en el estado no pueden ser empleados legalmente en California", dijo Donelly, ex líder del grupo más grande de los Minuteman y miembro del Tea Party. "El estado está en quiebra, 2,5 millones de californianos no tienen trabajo y los estudiantes están luchando por entrar en las clases que necesitan; es totalmente irresponsable usar dinero de los contribuyentes para pagar la matrícula de inmigrantes ilegales".

Donelly aseguró a AOL Latino/HuffPost LatinoVoices que la implementación de la ley costará 42 millones de dólares en el primer año, mientras que el Departamento de Finanzas estatal ha calculado que el programa necesitará una inversión estatal de unos 13,6 millones de dólares, para beneficiar a unos 2,500 estudiantes.

El probable referendo guiado por el asambleísta Donelly necesitará de 504,760 firmas para poder calificar para la boleta electoral. La campaña StopAB131 tiene 90 días, a partir de su promulgación en ley para la solicitud de firmas.

En el año 2010 el sistema público de asignación de becas entregó 1,400 millones de dólares a por lo menos 370,000 estudiantes reveló Diana Fuentes-Michael, directora ejecutiva de la Comisión de Ayuda a los Estudiantes de California (CSAC). CSAC es la agencia responsable de administrar la ayuda financiera estudiantil, primordialmente a través de las becas CalGrants.

Precisó que cada solicitante debe aprobar requisitos de elegibilidad financiera y demostrar que -obligatoriamente- están en proceso de regularización de su estatus legal, es decir, la Ley del Dream Act no beneficiará a todos los estudiantes indocumentados de California.

"[La Ley del Dream Act] se refiere a mayor inclusión de quienes quieren alcanzar a desarrollar todo su potencial, y a continuar la visión de sus carreras", dijo Fuentes-Michael. "Será más importante para el estado que ya no tengamos una subclase [de personas]".

DEFENDEREMOS LA LEY: GIL CEDILLO

Conocedor de los esfuerzos de su homologo republicano, el asambleísta demócrata de Los Angeles, Gil Cedillo, autor de la Ley "Dream Act" de California manifestó su confianza porque la ley entre en efecto, en julio de 2013. "[Tim Donelly] No tiene la experiencia ni los recursos para hacerlo", dijo Cedillo a AOL Latino. "No tendrá éxito...todo mundo cuestionó al gobernador [Jerry Brown] sobre ese tema y él respondió a todos que él [Donelly] está equivocado, porque con la ley no se removerá ninguna beca de otros estudiantes. Ellos [los estudiantes indocumentados] no están tomando nada de nadie".

Cuestionado si el futuro del Dream Act correría la misma suerte que la ley de licencias para conductores indocumentados que promulgó el ex gobernador Gray Davis, y que fue derogada por Arnold Schwarzenegger, tras el proceso de destitución de Davis, Cedillo indicó: "No va a suceder porque ahora tenemos un liderazgo político diferente; California está cambiando para bien y hay diferencias grandes [al clima antiinmigrante que había en 1994[durante el mandato del republicano Pete Wilson]".

"La sociedad de California ha entendido que no puede actuar en contra de las personas inmigrantes que cuidan a sus niños y familias, que limpian sus hogares, sus jardines", agregó. "No tienen aquel sentimiento de enojo, y al contrario, respetan más a los inmigrantes. No quiero decir que no nos preocupe [el intento de referéndum], sino que estaremos vigilantes para defender la ley".

VOCES DE RESPALDO AL DREAM ACT DE CALIFORNIA

Xi Huang, (27 años) de origen chino y gerente en comercio internacional, opinó que el tema de la educación nunca debería ser controversial".

"Enhorabuena por los estudiantes y por California", expresó a AOL Latino. "La mejor educación será el antídoto de los malos presupuestos estatales".

Aunque la nueva ley tiene apenas un alcance limitado, los estudiantes indocumentados que califiquen, podrían ser elegibles para becas privadas.

Un proyecto de ley por separado en la legislatura de California que se encuentra bajo consideración permitiría que los estudiantes indocumentados soliciten becas financiadas con fondos públicos.

Anteriormente, a través de la ley AB540 del fallecido asambleísta Marco Antonio Firebaugh, California ya permite ciertas facilidades a los estudiantes no residentes, incluyendo inmigrantes indocumentados que reúnan los requisitos para ser admitidos a una universidad estatal de cuatro años el pago de matrícula estatal, en lugar de la tasa de matrícula más cara fuera del estado.

Empero, instituciones educativas de cuatro años todavía están fuera del alcance de muchos estudiantes indocumentados que no pueden acceder a ayuda financiera.

"Me siento feliz por todos esos muchachos y por la buena acción por parte del gobernador", dijo Mario López, ingeniero y escritor salvadoreño de 53 años de edad. "California podrá sacar buenos frutos de estos estudiantes, porque muchos de ellos serán los nuevos empresarios, médicos o abogados que servirán honradamente a la sociedad".

CALIFORNIA Y 11 ESTADOS MÁS A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES

De acuerdo con datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, aparte de California, en la última década, otros 11 estados del país: Connecticut, Illinois, Kansas, Nebraska, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Texas, Utah, Washington y Wisconsin conceden elegibilidad de matrícula de residentes a inmigrantes sobre la base de asistencia, graduación de una escuela preparatoria y solicitan ingreso a un colegio o universidad estatal.

A los estudiantes podría obligárseles a firmar una declaración jurada prometiendo que buscarían arreglar su estatus legal de inmigración. Estos requisitos para los estudiantes inmigrantes no autorizados son más estrictas que los requisitos de residencia para los estudiantes de fuera del estado para obtener la matrícula estatal.

Por el contrario, los estados de Arizona (Proposición 300, 2006), Carolina del Sur (HB4400, 2008), Colorado HB 1023, 2006), Georgia (SB 492, 2008) e Indiana ((H.1402, 2011) tienen leyes que impiden a estudiantes indocumentados beneficios de matrícula estatal, y en algunos se han aprobado medidas represivas.

"Nosotros no estamos en contra de la inmigración, pero sí en contra de la inmigración ilegal", dijo a AOL Latino, Ginny Rapini, coordinadora del NorCal Tea Party Patriots. "Mi posición es que malas decisiones de los padres de estos estudiantes los trajeron [a Estados Unidos] y quebrantaron la ley, de modo que sus hijos son parte del daño colateral de sus decisiones; ellos son responsables de que sus propios hijos sufran las consecuencia de su mala conducta".

Angélica Salas, directora de CHIRLA refutó lo anterior, al expresar que "los jóvenes estudiantes son un reflejo del tesón y lucha de sus padres por tener una mejor vida; muchos de ellos huyeron de sus países por temor de ser asesinados y la realidad de sus historias solo las conocen ellos; por eso estaremos pendientes en defender esta ley".

"Es muy alentador ver a California a la vanguardia en la mejora de las oportunidades educativas para los jóvenes latinos, especialmente cuando otros estados como Alabama se están moviendo en sentido contrario a las leyes que en realidad mantiene a los niños fuera de las escuelas", afirmó Janet Murguía, presidenta de NCLR.

"Sí se pudo", concluyó Cedillo, en referencia a la frase acuñada por el extinto fundador del Sindicato de Campesinos (UFW), César Chávez, y en torno a la promesa que le hizo a Ruby, su difunta esposa que falleció el 10 de junio de 2002, que desde cualquier cargo público que tuviera en California, abogaría por los derechos más esenciales de la comunidad inmigrante.

La promulgación del Dream Act de California había sido aprobada por la legislatura estatal a principios de octubre, y se dio poco después que antagonistas de una ley similar en Maryland promulgada en mayo de este año por el gobernador Martin O'Malley, colectaron suficientes firmas para forzar un referéndum estatal y buscar su derogación en las elecciones de noviembre de 2012.

El Dream Act de Maryland se encuentra suspendido en espera de la consulta popular.

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