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Comunidades Seguras: Una familia destrozada por la deportación

The hands of Raul Ortiz Gonzalez, an alleged member of kidnapping gang "Los Rojos," are handcuffed as he is presented to the press after his arrest in Mexico City, Wednesday, July 29, 2009. Ortiz is a suspect in the 2007 kidnapping and murder of Silvia Vargas. (AP Photo/Marco Ugarte)

The hands of Raul Ortiz Gonzalez, an alleged member of kidnapping gang "Los Rojos," are handcuffed as he is presented to the press after his arrest in Mexico City, Wednesday, July 29, 2009. Ortiz is a suspect in the 2007 kidnapping and murder of Silvia Vargas. (AP Photo/Marco Ugarte)  (AP2009)

El 7 de diciembre del 2010 la policía de Lindsay, pequeña ciudad rural del condado de Tulare, California, llegó a la casa de la familia Moreno con una orden de arresto. El señor Moreno no había cumplido con los requisitos de un arreglo judicial tras haber sido hallado manejando bajo la influencia del alcohol: presentarse una vez al mes en la policía.

Moreno fue entonces remitido a la cárcel donde sus huellas dactilares fueron enviadas al gobierno federal como parte del programa Comunidades Seguras, orientado a "extirpar" inmigrantes con antecedentes policiales.

"Debía unas multas de tránsito y fue arrestado por DUI (Driving under the influence, en inglés, o sea manejar bajo la influencia del alcohol o de drogas)", dijo su esposa. "Lo mandaron a Arizona y después lo deportaron a México en febrero".

Moreno firmó una forma conocida como "salida voluntaria". El ya no podrá regresar al país ni podrá obtener residencia legal.

Su esposa trabaja en el campo y cuida a su madre, enferma de cáncer, y a su abuela también enferma.

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Poco después, su hermano fue detenido por la Patrulla de Caminos en la misma zona y lo arrestaron bajo sospecha de estar embriagado. Y una vez más, a causa del programa Comunidades Seguras, fue deportado en pocos días. Pero su hermana asegura que no debía nada a la ley, que no tenía antecedentes policiales. Pero el programa implementado por el gobierno de Barack Obama no siempre cumple con sus propias declaraciones de deportar solo a los indocumentados con antecedentes delictivos, según denunciaron decenas de activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en los últimos meses a lo largo del país.

Debido a las críticas recibidas precisamente por esta razón y quizá por la cercanía con las elecciones presidenciales del 2012, el gobierno realizó cambios al programa de Comunidades Seguras, anunciados el 18 de agosto.

"Se trata de cambios a este programa, no se trata de una reforma migratoria", asegura Mark Silverman, abogado de la organización no lucrativa Immigration Legal Resource Center, de San Francisco. "Afecta solo a los que están en proceso de deportación".

Para evitar confusiones, el especialista insiste. "Proceso de deportación quiere decir aquellos que tienen una cita en la corte de inmigración donde se decidirá su posible deportación".

Según Silverman, el gobierno aún no ha publicado con claridad las nuevas reglas. "Solo tenemos una declaración", agregó.

De acuerdo a las declaraciones de las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (US Department of Homeland Security, en inglés), del cual dependen la agencia de inmigración, los abogados de la misma revisarán unos 300.000 casos para determinar cuáles son de "baja prioridad". A estos se les podría eliminar el proceso de deportación y hasta entregarles un permiso de trabajo.

"Es posible que las autoridades sean más flexibles con el grupo de características similares a las contempladas en el DREAM Act: estudiantes sin antecedentes policiales", dijo Silverman. Y agregó que es posible que aquellos inmigrantes que llevan mucho tiempo en el pais y no tienen antecedents delictivos también podrían beneficiarse.

Pero para algunas organizaciones defensoras de los derechos o intereses de los inmigrantes, esta medida demuestra que la Casa Blanca podría hacer más por los inmigrantes a pesar del estancamiento en el Congreso sobre una posible reforma migratoria.

"Con esta decisión, el presidente Obama ha demostrado que tiene suficiente poder en lo que respecta a la aplicación de la ley", expresó Angela Sanbrano, presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latino Americanas (NALACC por sus siglas en Ingles), en un comunicado de prensa del 19 de agosto. "Esto es lo que le hemos estado pidiendo al presidente que haga en favor de los trabajadores inmigrantes, golpeados por una ley migratoria obsoleta, inhumana e injusta".

La organización se lamenta que un millón de familias tuvieron que ser separadas [por las deportaciones] hasta que el presidente se decidiera a actuar.

La organización pacifista Comité de Servicios de los Amigos Americanos (American Friends Service Committee, AFSC, por sus siglas en inglés) llegó a la misma conclusión sobre la capacidad del presidente de implementar las leyes y recuerda que el cambio se produjo luego de una serie de fuertes protestas en varias ciudades del país por las deportaciones masivas bajo el programa de Comunidades Seguras, aún de aquellos sin antecedentes criminales.

AFSC llega más lejos y pide, también en un documento dado a conocer el 6 de septiembre, que se reinicie el debate migratorio y que éste sea desligado del contexto de criminalización al que el lenguaje oficial redujo.

Pero esto no es consuelo para la esposa del Sr. Moreno. "También deportaron a dos primos de mi esposo, los detuvieron cuando iban a trabajar al campo, a las 5 de la mañana, en un camino rural del condado de Tulare", dijo. Y reflexiona, "Cuando ganó Obama teníamos esperanzas de un cambio, pero resultó peor".

Eduardo Stanley. Nació en Rosario, Argentina. Después de graduar de la Escuela de Bellas Artes (área de cinematografía), de la Universidad Nacional de La Plata, realizó un curso de postgrado en la Universidad de Bucarest, Rumania, sobre teoría de la comunicación.

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