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Nació hace dos días y pesó 5 libras y 15 onzas, pero su llegada al mundo coincidió con la detención y potencial deportación de su padre.

Su madre, una joven también indocumentada de apenas 20 años de edad, ponderaba desde su cama de hospital qué hacer: aguardar unos meses a ver si la situación para los inmigrantes en Alabama mejora, o simplemente volver a su natal Guatemala con sus dos hijos ciudadanos estadounidenses.

"No sé cómo voy a hacer. Apenas di a luz y no puedo ir a trabajar. No tengo a nadie aquí. Para quedarme aquí necesito dinero para pagar renta y lo que comemos", dice mientras su hijito mayor, de dos años de edad y también ciudadano estadounidense, juega por el cuarto del hospital ajeno a la incertidumbre que vive su madre, y a la de su propio futuro si finalmente la joven vuelve a Guatemala con ellos.

Las circunstancias de la detención de su esposo, lavaplatos en un restaurante, o de su potencial deportación todavía no quedaban claras.

"Si ya no se puede hacer nada por mi esposo, la opción que tengo es regresarme a mi país", señala la joven que lleva cinco años en Estados Unidos.

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La ley migratoria HB 56 de Alabama no sólo se ha convertido en un arma de terror para los indocumentados de este estado. Sus hijos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, sufren también las consecuencias de una torcida política estatal migratoria.

Se ha reportado ampliamente cómo muchos padres indocumentados optaron por sacar a sus hijos de las escuelas ya sea porque huyeron del estado o están en proceso de irse a otros estados.

Cuando hablamos con la joven madre en el hospital, estaba acompañada por sus vecinos, un joven matrimonio también de Guatemala, indocumentados, que tienen tres hijos ciudadanos estadounidenses. Él lleva 10 años en Estado Unidos y ella lleva ocho.

Su historia es la que se repite a través del estado: no se atreven conducir por miedo a ser detenidos; lo piensan dos veces para ir al mercado a comprar víveres por miedo a ser detenidos; temen ir al doctor por miedo a ser detenidos; temen llevar a sus propios hijos, ciudadanos estadounidenses, al doctor por miedo a ser detenidos; incluso llevar los niños a la escuela se ha tornado en una pesadilla.

"La niña está yendo a la escuela, pero hemos pensado sacarla. Es que da miedo salir porque por cualquier cosa que uno hace lo detienen y si no ha hecho nada, se lo inventan", indica el joven padre.

La Coalición del Interés Hispano de Alabama (HICA, por sus siglas en inglés), no se da abasto con el flujo de citas y llamadas de inmigrantes buscando asesoría de todo tipo, sobre todo para conceder poder legal a familiares o conocidos sobre qué hacer con sus hijos ciudadanos en caso de que ellos sean deportados o qué hacer con sus propiedades.

"Yo ya hice mi carta notarizada dándole un poder temporal a la madrina de mi niño de siete añitos para que me lo lleve a México si soy deportada", nos dijo otra joven madre de Oaxaca, México que lleva 11 años viviendo en Alabama.

El lunes cinco madres ciudadanas estadounidenses y anglosajonas se manifestaron contra la HB 56 frente a la corte federal de distrito argumentando que sus parejas y padres de sus hijos ciudadanos son indocumentados y pueden ser separados de sus familias en cualquier momento. Esto supondrá, dijeron, que en vez de contar con el sostén económico de sus padres los niños terminen dependiendo de la asistencia pública.

"Si no quieren pagar por nuestros hijos, revoquen la ley", dijo una de las mujeres.

Tras un día de escuchar de primera, segunda y tercera mano historias similares sobre el pánico y la incertidumbre que la HB 56 ha generado no sólo entre adultos sino entre niños, muchos de ellos ciudadanos, me pareció irónico escuchar en la radio un anuncio sobre la importancia de los valores familiares y religiosos donde al final el locutor preguntaba, ¿Qué haría Jesucristo?

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