(AP)
Los Ángeles – El Centro de Acción Legal del Concejo de Inmigración de Estados Unidos condenó de manera enérgica el fallo emitido por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) que sostiene que los inmigrantes detenidos sin orden judicial no tienen derecho a que se les lean los "Derechos Miranda", como advertencia antes de ser interrogados por oficiales de inmigración.
En una decisión precedente, la Junta de Apelaciones del Noveno Tribunal de Circuito consideró recientemente que los no ciudadanos no necesitan ser informados de su derecho a solicitar un abogado o después de haber sido puestos en procesos formales de deportación.
La resolución del máximo tribunal se dio en el caso del ciudadano guatemalteco Maynor Manfredo Samayoa-Martínez v. Eric Holder, Jr.
"A un extranjero que es arrestado sin orden judicial y que es puesto en un procedimiento formal de un aviso de comparecencia, no requiere que oficiales de inmigración asesoren a los extranjeros que él o ella tienen derecho a un abogado y que las declaraciones hechas durante el interrogatorio pueden ser utilizadas posteriormente en contra del extranjero", escribió la juez Sandra S. Ikuta.
Desde octubre de 2008, el abogado Douglas D. Nelson, a nombre de su cliente había sometido una petición de revisión de una orden final de deportación contra Samayoa Martínez, la cual ha sido rechazada.
arresto inmigrantesEn la opinión de la juez Sandra S. Ikuta, "la decisión unánime del panel de jueces halló su adopción [de la decisión] sin [la necesidad de escuchar] argumentos orales". El veredicto fue respaldado por los jueces de circuito, Ferdinand F. Fernández y Consuelo M. Callahan.
De acuerdo al dictamen de la BIA –el más alto tribunal administrativo en materia de inmigración y nacionalidad de Estados Unidos- la lectura de los "Derechos Miranda" aún deben ser informados de sus derechos.
Cuando un sospechoso de un crimen es arrestado, ninguna interrogación puede iniciarse, a menos que la policía recite los famosos "Derechos Miranda", o advertencias requeridas por la Suprema Corte.
"Tú tienes derecho a mantenerte en silencio. Todo lo que digas será usado en tu contra. Tú tienes el derecho a tener un abogado presente. Si tú no puedes pagar un abogado, se te proporcionará uno", debería pronunciar cualquier oficial de la policía a todo presunto delincuente.
Pero, a diferencia de los presuntos delincuentes, quienes reciben dichas advertencias antes de que comience el interrogatorio, en el caso de inmigrantes detenidos sin orden judicial no necesitan ser informados de sus derechos hasta después que su interrogatorio haya terminado, y se hayan iniciado ya los procesos formales de deportación.
EL CASO SAMAYOA-MARTÍNEZ
El 18 de enero de 2001, Mynor Manfredo Samayoa Martínez y otros tripulantes en su vehículo fueron detenidos por un policía militar cerca de la Base Naval Aérea de la Estación Armada (Naval Air Weapons Station) de Chino Lake, ubicada a 150 millas al norte de Los Ángeles.
Samayoa Martínez, quien era el conductor había cometido una violación de tráfico, y buscaba alivio de una orden definitiva de deportación, por presuntas violaciones de autoridades del ex Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) a sus propias regulaciones. Hizo una petición de revisión la cual le fue negada.
Samayoa Martínez fue detenido por el policía militar John Lomelí, del Departamento de Policía de China Lake, y admitió que él y sus pasajeros no eran ciudadanos de Estados Unidos. Tampoco pudieron proporcionar un documento válido de identificación.
De acuerdo con Samayoa, el agente Lomelí les ordenó a todos que bajaran del automóvil, los esposó y llamó a su superior, quien contactó a las autoridades de inmigración.
Un agente de la patrulla fronteriza cuestionó vía telefónica a Samayoa, pero no le informó de sus derechos procesales en virtud de la ley de inmigración.
Después, los cuatro fueron llevados a una estación de policía Jawbone Canyon Ranger Station, en las afueras de Bakersfield, California, donde se tomaron sus huellas digitales y fotografías y posteriormente entregados en custodia al INS.
En su defensa, Samayoa afirmó que detenido de nuevo y una vez más no fue informado de sus derechos procesales.
En 2003, el Congreso transfirió las funciones del antiguo INS hacia el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aunque dicha transferencia no afectó ningún asunto legal del caso de Samayoa, en cuya apelación de deportación argumentó que el INS había obtenido su información en un formulario que él llenó, y que esa representaba una violación de los propios procedimientos del INS y que fue perjudicial para sus intereses.
"Es asustante", reaccionó la abogada Meredith Brown, de Los Ángeles. "Lamentamos la decisión, porque básicamente [la Junta] está diciendo que los inmigrantes no tienen ciertos derechos o protecciones bajo la Constitución de Estados Unidos, y eso no es cierto. Todos tienen derecho a un proceso justo en el ámbito de inmigración".
Al igual que los "Derechos Miranda" para presuntos criminales, tales notificaciones ayudan a asegurar que las declaraciones hechas durante un interrogatorio son sean producto de la coerción.
Las determinaciones de la Junta, sin embargo, podrán ser objeto de revisión por los tribunales federales o por el Fiscal General.
"Esta decisión personifica el sistema deficiente de justicia que ha sido creado e impuesto a los inmigrantes en los Estados Unidos", consideró Melissa Crow, Directora del Centro de Acción Legal del American Immigration Council.
"La determinación de la Junta hace que las advertencias prácticamente no tengan sentido, y hace que los inmigrantes tengan menos probabilidades de permanecer en silencio cuando se les interrogue y sean menos propensos a hacer valer su derecho a [solicitar] un abogado".
MÁS VULNERABILIDAD DE INMIGRANTES
Como resultado de la decisión de la BIA, los extranjeros que sean detenidos ahora serán más vulnerables a la presión de los oficiales de inmigración en interrogatorios, y los jueces de inmigración se enfrentarán a mayores dificultades para determinar si las declaraciones hechas durante el interrogatorio fueron realmente voluntarias, dijeron expertos a AOL Latino.
"Ahora más que nunca, cualquier inmigrante que sea detenido, aunque no haya una orden de arresto en su contra, y sea puesto en un proceso formal de deportación, debería saber que debe permanecer callado", advirtió la abogada Jessica Domínguez. "A mis clientes yo les digo, 'en boca cerrada n o entran moscas'".
El nuevo fallo, además, hará más difícil para los abogados de inmigración para presentar mociones para suprimir con éxito las pruebas obtenidas violando los derechos de los inmigrantes o declaraciones incriminatorias logradas a base de coerción.
Tales mociones se están utilizando con mayor frecuencia en los casos de deportación que se están produciendo a niveles récord durante los últimos dos años y medio de la administración del presidente Barack Obama.
"No podemos comentar una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración", dijo Kathryn Mattingly, portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de ICE. "La decisión habla por sí misma".
El fallo se produjo en materia de ERMF-y ASM-, 25 I & N Dec. 580 (BIA 2011). http://www.justice.gov/eoir/vll/intdec/vol25/3725.pdf
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