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Opinion: México en defensa de la vida

Alberto Acereda es catedrático universitario en Estados Unidos y co-fundador de TheAmericano.com

Alberto Acereda es catedrático universitario en Estados Unidos y co-fundador de TheAmericano.com  (Courtesy ALBERTO ACEREDA)

En México,  uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González-Salas, pretende declarar inconstitucionales -por atentar supuestamente contra el Estado laico-las reformas que blindan la vida contra el aborto en dos estados (San Luis Potosí y Baja California). El fin es permitir la práctica abortista en todo el país. Un total de 18 de los 32 estados mexicanos han venido aprobando reformas que protegen la vida de todas las personas desde la concepción o la fecundación. La pretensión del juez Franco ha llevado a dicha corte a tener que tratar estos proyectos de sentencia.

Es por ello que estos días México esté siendo testigo de la valentía de más de una treintena de legisladores mexicanos a la hora de defender el derecho a la vida. Su petición se dirige  a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que respete la libertad que tienen los 32 Congresos locales del país para legislar en materia de la vida y evitar que los proyectos del juez Franco oficialicen el aborto en todo México. Estos diputados mexicanos se ubican en los principales partidos políticos de la nación y tanto a nivel regional como federal. Juntos han lanzado un comunicado a dicho alto tribunal a fin de exigir el respeto a la libertad de configuración legislativa.

De igual manera, más de medio centenar de organizaciones de la sociedad civil mexicana han solicitado a dicho juez y a toda la corte suprema no intentar revertir las reformas constitucionales que han logrado que se proteja la vida frente al aborto en más de la mitad de los estados de México. A través de un anuncio publicado en los diarios nacionales El Universal y Milenio, las organizaciones recuerdan a los jueces supremos que con su posición las más afectadas son las mujeres, a quienes supuestamente se quiere ayudar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debería aplicar la ley y defender la libertad estatal para estos temas. No hacerlo supondría una violación a la soberanía de los estados y una decisión incoherente con las disposiciones del sistema jurídico mexicano. La misma lógica constitucional que reconoció la ley del D.F. sobre el aborto en 2009 debería ahora aplicarse para mantener las enmiendas constitucionales en esos 18 estados. No hacerlo así sería no sólo atentar contra la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo mexicano y de la mayoría de los estados, sino también dejar vía libre al asesinato de millones de niños y niñas inocentes e indefensos en el vientre de sus madres.

Los once jueces de la Suprema Corte, que incluye a dos mujeres, tienen ahora la palabra. Sería deseable que revisaran el artículo 22 del Código Civil Federal vigente desde 1932 que, por un lado, ordena la protección legal desde la concepción y, por otro, al concebido se le tiene por nacido para los supuestos previamente establecidos por el legislador en esa materia. Sería deseable también que México no entre en el espiral de abortos en el que se han sumido muchos países, entre ellos Estados Unidos, con más de 50 millones de inocentes a los que no se les permitido vivir tras la penosa y cuestionable legalización del aborto en 1973. Además del respeto a la ley mexicana, en este asunto de la defensa de la vida no caben medias tintas.

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